Durante la conferencia distintos participantes señalaron que la firma e implementación del acuerdo significa una oportunidad única para prevenir y disminuir los conflictos socioambientales en la región, comprometiendo a los países a que garanticen a la ciudadanía 3 derechos imprescindibles: acceso a la información, participación ciudadana y acceso a justicia en materia medioambiental.
Los participantes coincidieron en que la protección del medio ambiente debe ser entendida como prioritaria desde la realidad cotidiana de cada persona y que para ello es imprescindible el acceso a la información pública, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Siendo así como el acuerdo de Escazú surge como una herramienta jurídica que garantice todos estos derechos.
Del encuentro participaron por la Defensoría el Defensor Adjunto Arturo Pozzali y el coordinador operativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hernán Invernizzi; por Uruguay, Felicia Pagliano; por Chile, Sebastián Benfeld y Valentina Caceres; por Costa Rica, Kyara Cascante; por Bolivia, Adriana Salazar, Anahi Garvizu Patiño y Ana Leticia Toledo; y por Perú Yiddi Kester.
