En estos tiempos inmediatamente posteriores a la pandemia pueden observarse los efectos que tuvo en la salud mental de toda la población, que se reflejan en el aumento de los consumos problemáticos, los intentos de suicidio, las depresiones, y las enfermedades psicosomáticas, entre otras.
Como órgano de protección de derechos, la Defensoría del Pueblo porteña entiende que es necesario fortalecer los dispositivos que trabajan para el cuidado de la salud mental, favoreciendo el acceso de la población a los servicios de atención, promoviendo acciones tendientes a lograr políticas públicas inclusivas, y capacitando a los equipos profesionales y técnicos.
Además, todos los sectores -no sólo el sanitario- deben comprometerse en el desarrollo de acciones de prevención y promoción de la salud que permitan, tal y como reza el artículo 1° de la Ley Nacional de Salud Mental, “asegurar el derecho a la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”.
