Durante la visita, los y las representantes vecinales manifestaron sus críticas al desarrollo de este proyecto. Además, se refirieron a las dificultades generadas por la instalación de vallas y un obrador que ocasionaron el incremento de la inseguridad, así como la alteración del tránsito vehicular y los recorridos del transporte público.
Por su parte, el equipo de la institución pudo constatar diversas irregularidades técnicas, legales y administrativas, tal como la intención de extraer unos 40 árboles sanos.
Por este motivo, la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, recomendó oportunamente al gobierno porteño -por medio de la Resolución 425/24- que interrumpa la obra y convoque a una mesa de trabajo con referentes barriales, integrantes de la Junta Comunal N°8 y la propia Defensoría, con el fin de analizar las observaciones planteadas y alcanzar un consenso entre todas las partes.