280 consultas (37%) estuvieron relacionadas con la estabilidad habitacional, riesgos de desalojo, firma de contratos en forma ilegal y aumentos especulativos. Asimismo, se recibieron planteos por aumentos de hasta el 150% en las renovaciones de contratos; la multiplicación de las exigencias para firmar acuerdos de 12 meses, cuando el plazo mínimo legal es de 3 años; la inclusión de cláusulas para forzar aumentos semestrales; situaciones de amenazas y hostigamiento para desalojar a inquilinos que quedaron sin contrato vigente durante la pandemia, mediante el corte compulsivo de servicios o quita de medidores de luz; y desalojos iniciados judicialmente por pérdida del empleo y falta de pago en el contexto la emergencia sanitaria.
Otras 242 (32%) tuvieron su origen en el costo del alquiler, la firma inicial del contrato, contratos para vivienda suscriptos como temporales o turísticos y con el agregado del cobro de la comisión inmobiliaria, exigencias para contratar un seguro de caución, y el pago de expensas extraordinarias o no habituales.
Finalmente, 234 reclamos (31%) fueron por incumplimientos de los derechos de los inquilinos: retenciones ilegales de depósitos, cortes del suministro de gas por desperfectos en las instalaciones, y negativas a realizar arreglos en las viviendas, a brindar los datos de la cuenta bancaria para realizar el deposito del alquiler, y a recibir las llaves del inmueble por las deudas acumuladas en el marco de la pandemia.
“Casi un 40% de las viviendas habitadas en la Ciudad de Buenos Aires son alquiladas, en un país con más de 2.200.000 hogares que viven pagando una renta mensual. Como adelantamos en informes anteriores, en los últimos años el arrendamiento de viviendas es el más caro en relación a los ingresos desde la primera ley de alquileres sancionada en 1921. Por eso, el alquiler es un problema demasiado serio, cuantioso y oneroso para dejarlo librado a las reglas del mercado”, señaló el coordinador del Programa, Fernando Muñoz.
