Del total de los reclamos recibidos, el 33% fue por incumplimientos del Decreto 320/20 y 766/20:
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aumentos de los precios de los alquileres en violación al congelamiento dispuesto;
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presiones por renovar contratos bajo amenaza de aumentos exorbitantes una vez concluidas la medidas de protección;
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amenazas de desalojos y prácticas como la baja de servicios públicos;
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presiones para forzar la firma de prórrogas.
Un 16% estuvo vinculado a denuncias por incumplimientos de la Ley de Alquileres:
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presiones y hostigamientos para firmar contratos por seis meses, en contradicción con el plazo mínimo legal de 3 años que establece la nueva normativa;
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imposiciones de aumentos ilegales de forma semestral, aún cuando la ley establece que solo pueden realizarse ajustes anuales;
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coacciones para imponer un tipo de garantía en particular (seguro de caución, por lo general), cuando es el inquilino quien puede proponer al menos 2 garantías a la parte locadora.
Por otra parte, se registró un 10% de casos referidos al cobro ilegal de comisiones por parte de los corredores inmobiliarios. Cabe recordar que esta práctica ilegal -violatoria de la Ley 5859- fuerza al inquilino a pagar informalmente a la inmobiliaria un promedio superior a los $ 20.000 para acceder a la vivienda. Asimismo, se incrementaron las denuncias por omisiones en los avisos de oferta de la leyenda obligatoria que especifica que está prohibido el cobro de esta comisión a los inquilinos.
Por último, se recibieron consultas referidas a deterioros en las viviendas (9%), negativas a devolver depósitos (8%), valor y liquidación de las expensas (7%), finalización anticipada de contratos por pérdida del empleo o imposibilidad de pago (7%), negativas a entregar facturas legales contra pago de los alquileres, cortes del servicio de gas y otros tipos de problemas.
“A pesar de la reacción negativa del mercado, celebramos que el movimiento inquilino haya conquistado la atención, ocupación y preocupación del Estado. El avance legislativo y las decisiones que tomó este año el Gobierno nacional, son también consecuencia del compromiso que asumieron miles de inquilinos con la defensa de sus derechos”, señaló el coordinador del Programa, Fernando Muñoz.
