Así, el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos entre el 50 y el 100%, en violación a la prórroga por 180 días establecida por el Decreto 320/20. En algunos casos se utiliza el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del 1 de octubre. En otros, le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego “volver a conversar”.
Otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar el alquiler: inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y, ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar los contratos.
La negativa a bancarizar el alquiler (con recargos de hasta el 21%) y la retención indebida del depósito de garantía luego de dos meses de reclamos, representaron un 14% de la demanda.
Un 12% estuvieron vinculadas al deterioro de los inmuebles (arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas).
El resto tuvo que ver con otras problemáticas tales como el pedido de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica, el valor de las expensas, y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.
