Entre los temas de mayor preponderancia se destaca el cobro de comisiones inmobiliarias en diversos distritos y provincias del país y por contratos ilegales de locaciones habitacionales (profesionales, temporarias o extensiones).
Asimismo, se recibieron consultas vinculadas a la ley de Alquileres (requisitos para acceder a una vivienda, registro del contrato en la AFIP, factura legal, pago de la renta por transferencia o cobro indebido de impuestos), reparaciones (arreglos no realizados, filtraciones, humedad), expensas (aumentos, falta de discriminaciones, recaudaciones extraordinarias no liquidadas), deudas acumuladas durante la crisis sanitaria y contratos ilegales (prórrogas, aumentos semestrales, contratos a dos años o temporarios).
Por último, se registraron denuncias por desalojos o amenazas de desalojos (con cortes compulsivos de los servicios de agua y luz, negativas a continuar la relación por venta del inmueble, y desalojos judiciales derivados a organismos del Ministerio Público de la Defensa), negativas a devolver depósitos o a recibir las llaves del inmueble una vez concluida la relación de alquiler, el precio de las renovaciones de los contratos, cortes de gas y la falta de servicios en edificios nuevos.
