La ley de alquileres vigente establece un plazo mínimo de 3 años por contrato, con la excepción de la “habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares”. Para estos casos la normativa contempla que “si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los tres (3) meses, se presume que no fue hecho con esos fines”.
A pesar de que fue nulo el ingreso de turistas a la Ciudad durante casi ocho meses, la oferta de alquileres turísticos o temporarios supera ampliamente a la destinada a vivienda y convierte al mercado inmobiliario local en un espiral de aumentos constantes.
Este no es un fenómeno nacional. Se calcula, por ejemplo, que Rosario cuenta con unos 3.500 inmuebles en oferta para vivienda, y que los destinados a alquileres temporarios o turísticos no llegan a 100. El alquiler turístico en CABA, por el contrario, presenta una oferta de unos 19.000 inmuebles, mientras que las opciones para alquilar vivienda solo ascienden a unas 15.000.
Los anuncios para alquileres turísticos están dirigidos a inquilinos sin garantía: piden un mes de adelanto, uno de depósito y otro de comisión inmobiliaria. El tiempo de la locación es arbitrario, puede ser de 3 o 6 meses. Los avisos que publican el plazo, habitualmente lo hacen por un mes. En general, son departamentos nuevos o construidos durante el boom inmobiliario de la Ciudad (2003-2007) y están amoblados.
El precio es mayor que el alquiler para vivienda (un 20% más). Además, esta modalidad permite que el locador aumente el precio cada tres meses y que el intermediario perciba comisión inmobiliaria, ya que la Ley 5859 prohíbe su cobro en alquileres habitacionales, pero no para el temporario o turístico.
Sin embargo, quienes acceden a estos contratos no son turistas sino inquilinos residentes, vecinos que trabajan, estudian y desarrollan su vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires. Resulta evidente que el alquiler temporario o turístico responde a un interés por burlar las leyes vigentes, cobrar comisiones inmobiliarias y obtener una renta mayor. De esta forma, el efecto inmediato que produce el auge de esta modalidad es una indexación de hecho, un aumento constante en el precio de los alquileres.
Ante este escenario resulta pertinente señalar que el dejar hacer en las relaciones de vivienda perjudica enormemente a los ciudadanos ya que nadie puede acceder a condiciones de vida dignas si destina más de la mitad de sus ingresos a vivir bajo techo. Por tal motivo, resulta necesaria una política pública de alquileres y un Estado que regule el mercado y haga cumplir la normativa.
