Estos derechos protegen a las personas trabajadoras en el ámbito público y privado, tanto en el marco de las relaciones individuales como en su faceta colectiva.
El derecho a una vivienda adecuada comprende un espacio habitable, cuya tenencia sea segura y posibilite el acceso a infraestructura y servicios básicos. Debe garantizarse más allá de los recursos económicos de las personas.