La educación es un derecho y un bien de carácter social. Asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles educativos constituye una responsabilidad estatal.
El derecho a una vivienda adecuada comprende un espacio habitable, cuya tenencia sea segura y posibilite el acceso a infraestructura y servicios básicos. Debe garantizarse más allá de los recursos económicos de las personas.