A partir de la ratificación en nuestro país de la Convención de los Derechos del Niño (1989) y su incorporación en la Constitución Nacional como uno de los tratados de derechos humanos que goza de jerarquía constitucional (1994), se produce un cambio de paradigma con respecto a las infancias y adolescencias y se incorpora la necesidad de crear nuevas leyes e instituciones que den cuenta de esta modificación. 

Conceptos como el derecho a ser oídos, a participar en la toma de decisiones respecto de los asuntos que los/as afectan y la autonomía progresiva (art. 12 de la CDN), no eran posibles bajo el viejo sistema tutelar que desconocía el lugar de sujetos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los consideraba sólo objeto de decisión por parte de los/as adultos/as.

El reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos implica también nuevas obligaciones para la familia, la sociedad y el Estado.

Se conforma entonces un sistema destinado a la protección integral de las infancias y las adolescencias, integrado por todos los organismos, entidades y servicios, públicos o privados que diseñan, planifican, coordinan o ejecutan políticas destinadas a la población infanto-juvenil.

Para el logro de sus objetivos este sistema cuenta entre sus medios con organismos administrativos y judiciales de protección de derechos.