La Defensoría del Pueblo de la CABA fue creada por la Constitución porteña como un órgano independiente, autónomo y autárquico, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías de todos los habitantes de la Ciudad –lo que incluye a los/as niños/as y adolescentes– frente a aquellos actos, hechos u omisiones del Estado o de prestadores de servicios públicos que vulneren esos derechos.

El principal objetivo es la defensa, promoción y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires y el monitoreo de las políticas públicas destinadas a ese colectivo.

Interviene ante toda situación de vulneración de derechos de la población infanto-juvenil, ya sea de oficio o por solicitud del propio niño, niña, adolescente; un referente familiar o afectivo o un tercero; quienes pueden contactarse con esta Defensoría del Pueblo de manera telefónica, a través de sus redes sociales o por correo electrónico. 

A fin de asegurar el acceso y ejercicio a sus derechos fundamentales el Programa lleva a cabo el asesoramiento y acompañamiento de los/as involucrados/as; articulando con los efectores del gobierno local y otros integrantes del sistema de protección, realizando el seguimiento de las problemáticas planteadas. Asimismo, se lleva adelante el control de las acciones y omisiones gubernamentales.

Si sos un/a niña, niño o adolescente y sentís que tus derechos no son respetados en tu casa, en tu escuela o en tu espacio comunitario; si tenés un/a amigo/a cuyos derechos están siendo vulnerados o si necesitás orientación o información frente a un problema, podés comunicarte con la Línea telefónica gratuita 102 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es un servicio telefónico gratuito y confidencial que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Busca prevenir situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y/o restituir aquellos que han sido vulnerados. Recibe consultas y denuncias tanto de niñas, niños y adolescentes como de referentes familiares, afectivos y/o comunitarios. Recordá que no necesitás la autorización de ninguna persona adulta para comunicarte.

Sí, podés comunicarte con la Defensoría del Pueblo a través de las siguientes vías:

• Por teléfono, llamando al 0800-999-3722 (de lunes a viernes de 10:00 a 18:00)
• A través de las redes sociales: buscanos en Facebook, Twitter e Instagram como @defensoriacaba
• Por correo electrónico, escribiendo a consultas@defensoria.org.ar o a infanciayadolescencia@defensoria.org.ar 
• Ingresando tu denuncia en www.defensoria.org.ar

El Interés Superior del Niño/a surge de la Convención sobre los Derechos del Niño y es un concepto triple: es un principio, un derecho y una norma de procedimiento consagrada en favor de niños, niñas y adolescentes.

Significa que en todas las medidas que se tomen en relación a niños/as se tiene que considerar primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos a esta población (Ley nacional 26061, Art. 3). 

Para ello se debe respetar, entre otras cosas, su condición de sujeto de derecho; su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al desarrollo de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; el equilibrio entre sus derechos y garantías y las exigencias del bien común; su centro de vida, etc.

En definitiva, el interés superior del niño/a es un concepto dinámico que debe evaluarse en cada caso en concreto: es cada niño/a, en cada situación, cada vez.

Es una medida administrativa que puede adoptar el organismo de protección de derechos -en la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- ante situaciones graves de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente (como la negligencia, el abuso, el maltrato), que ameriten separar temporal o permanentemente a un niño/a de su medio familiar.

Nunca la pobreza puede ser un motivo para separar a un niño/a de su familia. Ante esa vulneración existen programas para acompañar y ayudar a las familias, incluso económicamente, en el ejercicio de sus responsabilidades.

Las medidas excepcionales tienen como objetivo la conservación o recuperación del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Podrán consistir en disponer la permanencia del niño/a con otros referentes familiares o afectivos o, excepcionalmente, recurrirse a otros dispositivos de cuidado.

Estas medidas solo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen y son controladas por el poder judicial.

La Ley nacional 26061 lo define como “el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia” (Art. 3, Inc. f).

Podemos definirlo como la residencia habitual o el domicilio efectivo en el que cada niña, niño y adolescente genera vínculos interpersonales y expande su desarrollo físico y psicoemocional. La determinación del mismo no se encuentra sujeta a los domicilios de sus progenitores y/o representantes legales.

La normativa vigente en materia de infancia y adolescencia en nuestro país prevé los mecanismos legales que deben ponerse en marcha cuando un niño, niña o adolescente no regresa a su hogar. 

En esta guía te explicamos paso a paso qué tenés que hacer cuando se desconoce el paradero de un niño, niña o adolescente a fin de encontrarlo/a.

Ambos progenitores tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos/as, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. 

La obligación de brindar alimentos a los hijos/as se extiende hasta los 21 años. Sin embargo, hay excepciones:

• puede extenderse hasta los 25 años cuando el hijo/a se continúa capacitando en un arte u oficio y no puede mantenerse independientemente.
• puede cesar a partir de los 18 años si el obligado acredita que el hijo/a cuenta con recursos suficientes.

Ahora bien, ¿Qué son los alimentos? Son prestaciones monetarias o en especie que deben brindarse para satisfacer las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. 

¿Quién puede reclamar alimentos? 

De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación (Art. 661), cuando uno de los progenitores no paga los alimentos del hijo/a, la cuota alimentaria puede ser reclamada por:

• el otro progenitor en nombre del hijo/a;
• el hijo/a, si tiene madurez suficiente, patrocinado por un/a abogado/a;
• si no lo hacen, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

¿A quiénes se puede reclamar alimentos?

• a los progenitores;
• a los/as abuelos/as, cuando se acredita que no se puede percibir los alimentos del progenitor/a obligado/a.

¿Cómo reclamar alimentos? 

En caso de no lograr de manera privada un acuerdo entre las partes o suscitarse un conflicto sobre los alimentos debidos, lo primero que deberá realizarse es una mediación prejudicial para tratar de arribar a un acuerdo. 

De no lograr un acuerdo o si el obligado no se presenta a la mediación habiendo sido notificado, se debe recurrir a la justicia, debiendo intervenir la correspondiente al domicilio del niño/a o adolescente involucrado/a. En todas estas etapas se debe contar con patrocinio jurídico. Acá te contamos quiénes brindan patrocinio jurídico gratuito.

Los progenitores tienen el derecho y el deber de sostener una fluida comunicación con su hijo/a, aunque conviva solo con uno de ellos. A su vez, niños y niñas tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus progenitores de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.

El deber de comunicación es lo que antes se llamaba “visitas”: ahora se llama de otra forma porque se entendió que no se trata solamente de visitar al hijo/a, sino que es un concepto más global que implica el derecho y el deber a la comunicación y participación en su vida y en su desarrollo. 

En caso de que los progenitores no lleguen a un acuerdo sobre el régimen de comunicación será conveniente que accedan a un patrocinio jurídico para iniciar las acciones correspondientes y llegar a una solución al problema.

Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de comunicación nos referimos a un derecho que no abarca solo a progenitores, sino también a ciertos parientes y a terceros con interés legítimo.

Todo/a niño/a o adolescente tiene derecho a tener contacto regular y frecuente con ambos progenitores. En el supuesto de que el cuidado personal se haya atribuido a uno de ellos, el otro progenitor tiene el derecho y el deber de mantener una fluida comunicación con el/la hijo/a.

Cuando uno de los progenitores o un tercero ilegalmente impide u obstruye el contacto del niño/a con el progenitor no conviviente se configura el delito de impedimento de contacto, regulado en la Ley nacional 24270.

La denuncia puede realizarse ante la comisaría o fiscalía correspondiente a la jurisdicción donde ocurre el impedimento de contacto.