Las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollar una vida independiente, a la accesibilidad de todos los ámbitos, a la salud, la educación y el empleo en igualdad de condiciones y oportunidades. Es responsabilidad estatal garantizar su participación efectiva en la sociedad.
El derecho a una vivienda adecuada comprende un espacio habitable, cuya tenencia sea segura y posibilite el acceso a infraestructura y servicios básicos. Debe garantizarse más allá de los recursos económicos de las personas.