Durante el desarrollo de la primera jornada de la audiencia que finaliza hoy, todos los oradores expresaron su rechazo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental, con excepción de los 6 expertos propuestos por el GCBA.
A continuación transcribimos la exposición de Bárbara Rossen, responsable de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la institución sobre el tema en cuestión:
Esta proyecto se inscribe dentro del Plan BA Costa, iniciativa del GCBA como desacertada respuesta a la histórica Audiencia Pública donde más de 2000 expositores reclamaron recuperar los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco que por ley y por mandato constitucional no pueden ser privatizados y deben ser de uso público.
Como Defensoría del Pueblo tenemos el deber de reiterar el incesante incumpliendo constitucional, conforme lo establece el art. 8 que reza: ¨Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación ̈ así como también lo dispone el capítulo IV de Ambiente que establece “garantizar su uso común”.
En este escenográfico proyecto de recuperar la costa – y digo escenográfico porque es un como si- proponen además del loteo privatizador, mantener concesiones en el único espacio verde de tierra absorbente que dejarian. No son 8 hectáreas. Son 32.
Las vecinos expresaron su demanda a través del mecanismo constitucional de la “Iniciativa Popular” en donde más de 53.000 habitantes promovieron “recuperar la relación de la ciudad con el río con la construcción de un parque público, libre y gratuito”. Esta iniciativa, cuyo procedimiento fue legitimado por el Tribunal Superior de Justicia, aún se encuentra en debate en la Legislatura porteña y el predio, motivo de esta Audiencia, se inscribe dentro del proyecto en tratamiento.
La Defensoría considera que avanzar de manera arbitraria, en desmedro de la Constitución de la Ciudad, pasando por alto lo advertido en los fundamentos del fallo de la Cámara de Apelaciones en el Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, respecto al carácter público del predio en cuestión, y al proyecto legislativo en tratamiento, es motivo de alarma y preocupación.
La costa rioplatense es patrimonio ambiental, cultural e identitario, aun así, se siguen vulnerando derechos.
La ribera del Río de la Plata y su franja costera en la ciudad forman parte del ecosistema del Delta inferior del Paraná con su innegable alto valor de biodiversidad. Los predios “Punta Carrasco” y “Costa Salguero” tienen una ubicación estratégica en la ciudad; y podrían actuar como nodos articuladores de biodiversidad entre la Reserva Ecológica Costanera Sur (categoría Sitio RAMSAR desde el 2005); la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte y el Parque 3 de Febrero.
Estos remanentes de paisaje natural, que han podido ser recuperados en las reservas y parques actúan como corredores biológicos y aseguran el equilibrio y la homeostasis en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las intervenciones antrópicas en la costa, modifican y fragmentan estos biocorredores, generando disrupciones, pérdida de biodiversidad y de servicios ambientales.
La Defensoría del Pueblo entiende que cualquier tipo de proyecto en áreas ambientalmente frágiles, deben ser abordados de manera multidisciplinaria, holística y por impacto acumulativo. Cualquier tipo de intervención, que no sea en pos de su restauración ecológica, podría deteriorar aún más su valor ambiental impactando en el resto de la ciudad.
Si contemplamos el estado de la franja costera en la actualidad y le sumamos el impacto negativo de los proyectos que proponen, inequívocamente resultará en un daño mayor, acentuando el pasivo ambiental de la costa del río.
La carencia de políticas en clave ambiental por parte del Gobierno de la Ciudad, que aborden la integridad del ecosistema ribereño y su inserción dentro de la región, sólo han logrado poner en mayor riesgo el paisaje natural más importante de la Ciudad incumpliendo además los compromisos asumidos en convenios internacionales a los cuales ha adherido como ser: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración Ecológica y el Programa 100 Ciudades Resilientes, entre otros.
La Defensoría concluye que las ciudades serán sustentables o serán el problema.
El GCBA tiene una deuda con sus habitantes: 32 hectáreas de parque público sobre el rio.
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