La directora general de Derecho de Acceso a la Ciudad de la institución, Bárbara Rossen, recorrió la zona con representantes del barrio, los cuales explicaron detalladamente los riesgos ambientales, los problemas de tránsito y de circulación, así como el incremento de los problemas de seguridad y comerciales que provocaría la construcción de un túnel en el centro histórico del barrio.
Se trata del proyecto de construcción de un túnel que pase por debajo del cruce de Avenida Larrazábal y las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas. Éste fue dado de baja en el año 2018 por el gobierno anterior debido a la movilización vecinal que entonces, como ahora, se opuso al proyecto.
Cuatro años después, el nuevo gobierno retomó el tema sin consultar a la comunidad, la cual se enteró de la iniciativa oficial debido a que se publicó el llamado a licitación hace pocas semanas.
Vecinos y vecinas señalaron que por tratarse de una obra relevante, el Gobierno porteño debería convocar a una audiencia pública para escuchar la opinión vecinal y cumplir con el mandato de la Ley N° 123, lo cual hasta ahora no fue anunciado oficialmente.
La Defensoría del Pueblo señaló en diversas oportunidades el incumplimiento de esta ley fundamental para cumplir con la exigencia constitucional de proteger y preservar el ambiente de la ciudad.
El organismo se comprometió con los representantes vecinales a elaborar un informe técnico en el que se va a plasmar las irregularidades detectadas, las cuales afectan a los ecosistemas de la zona y los derechos de vecinos y vecinas, así como el principio de la participación ciudadana establecido por la Constitución de la Ciudad y las leyes vigentes.
