Según un informe realizado por la institución, que incluyó un total de 91 hoteles y pensiones residenciales entre los meses de noviembre de 2022 y julio de 2023, se pudo observar que la mitad de los espacios visitados presentan situaciones de hacinamiento, exhibiendo casi un 20% de hacinamiento crítico.
Las condiciones edilicias de los hoteles presentan indicios de precariedad. El 90% no son accesibles para personas con discapacidad.
Previo al relevamiento, el organismo había recomendado al Gobierno porteño la realización de inspecciones periódicas en los hoteles residenciales, en especial sobre aquellos que cuenten con algún tipo de denuncia previa.
El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de desarrollar políticas sociales que tengan como objetivo resolver progresivamente el déficit habitacional en busca de garantizar el derecho a la vivienda y un uso más equitativo de la ciudad, presentando especial atención a la población más vulnerable. Especialmente en un contexto donde la oferta habitacional en la Ciudad de Buenos Aires está siendo cada vez más restringida y dolarizada, cuestión que genera la expulsión de los de los sectores populares.
Este tipo de alojamientos son expresión de una forma deficitaria de hábitat. El aumento de la demanda habitacional que experimenta la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con el aumento de la pobreza y la falta de políticas públicas eficientes que garanticen el acceso a la vivienda. La población alojada en hoteles residenciales, concentrados principalmente en la zona centro de la Ciudad, es de 38.000 personas, cifra que asciende a casi 80.000 si se consideran además las piezas de inquilinatos y conventillos.
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