La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, encabezó una reunión con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad ante la posible eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas por parte del Gobierno Nacional.
Los representantes expresaron su preocupación por la medida que permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles, en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema. Esta situación, señalaron, conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, recalcaron que, según lo establece el preámbulo de la Convención, las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas que les afectan directamente.
Finalmente, se elaboró un documento conjunto con las preocupaciones y solicitudes de las organizaciones presentes.
