El informe se presentó en una mesa de trabajo encabezada por la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, y la subsecretaria de Integración Social y Hábitat del IVC, Paula Mariano.
Del encuentro también participaron, por parte de la Defensoría, la subcoordinadora operativa de Vivienda y Hábitat Vanina Lekerman y la subsecretaria de Protección y Promoción de Derechos Livia Ritondo; y en representación del IVC, la titular del Observatorio de la Vivienda Lucila Steinberg, entre otros/as funcionarios/as.
En este contexto, Muiños indicó que “esta investigación es muy importante para poder delinear una política pública” y llamó a que se contemple la modificación de la vida cotidiana de los grupos familiares relocalizados, para que la inversión del Estado sea eficiente y efectiva, tanto para las familias como para el entorno.
Por su parte, Mariano se refirió a la necesidad de mantener alianzas estratégicas para fortalecer y monitorear el funcionamiento de los programas en curso y reivindicó este instrumento de estudio y medición como insumo para el diseño de las relocalizaciones y correlato de las modificaciones de la vida cotidiana de las familias que habitan nuevos espacios.
La encuesta fue realizada en más de 500 hogares de los barrios Papa Francisco, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, San Antonio, Santiago de Compostela, Orma, Mundo Grúa, Alvarado, Valparaíso y Osvaldo Cruz, con el objetivo de evaluar el impacto y la sostenibilidad económica de las diferentes soluciones habitacionales enmarcadas en los procesos de relocalización e integración implementados por el Gobierno de la Ciudad.
A su vez, busca colaborar con el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen la realidad de las economías familiares, en base a estándares específicos en materia del derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado.
En este sentido, el documento recomienda la instrumentación de adecuaciones normativas que contemplen la trayectoria habitacional de las familias relocalizadas, eviten situaciones de sobreendeudamiento y morosidad, y garanticen la accesibilidad de la tarifa social para servicios públicos esenciales.
Por otra parte, entre las medidas y lineamientos de acción, se propone la identificación e intervención frente a situaciones de inseguridad alimentaria, así como la promoción de estrategias de integración socioeconómica, con especial énfasis en la inclusión laboral de los grupos más vulnerables.
